Introduccion democracia postliberal

Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones, Benjamin Arditi (ed.), Anthropos, Barcelona, 2005.

“Introducción: La idea de un ‘segundo circuito’ de la política”

Benjamín Arditi

El supuesto básico de estos trabajos es que la política y el proceso democrático trascienden la idea de ciudadanía entendida como participación electoral y se expande hacia la sociedad civil para constituir un nuevo escenario político, pero este escenario no es una alternativa al gobierno y a los partidos sino un terreno suplementario de la política. Este terreno puede ser visto como un segundo registro, nivel o circuito de la política resultante de la diseminación de espacios y formatos del intercambio político en la sociedad civil, especialmente a través de los movimientos sociales, las ONG y los grupos de interés organizados. El objetivo es dar consistencia teórica a este segundo nivel de la política y proponer una imagen para pensar la relación entre los distintos niveles o circuitos.

El asociacionismo y su impacto en la transformación de la sociedad civil no es novedoso, pues se ha estado discutiendo durante las últimas tres décadas, pero su formalización como segundo nivel o circuito de la política sí lo es. Las asociaciones secundarias han creado un espacio legítimo para su acción y ahora desarrollan redes, foros o nexos sistémicos entre sus organizaciones. La acumulación de fuerzas a través de las redes busca incrementar la eficacia política de las organizaciones para lograr un rapport con instituciones estatales e incidir en los temas que entran en la agenda pública. De momento estos esfuerzos no han cuajado en una institucionalización comparable a la de la política luego de la introducción del sufragio universal o de la creación de un sistema de partidos, pero eso no ha impedido que el ámbito de las asociaciones se convierta en un terreno al margen pero también suplementario al de la esfera de la representación político-partidaria. Offe insinúa esto en relación con los grupos de interés organizados al referirse a los esquemas corporativos como parte de un ‘circuito secundario’ de la política. Schmitter también, aunque prefiere hablar de una ciudadanía secundaria o de un ‘segundo nivel’ de la política. Ambos ven a este circuito ya no como una reacción conservadora a la ingobernabilidad sino más bien como una propuesta innovadora acerca de la política más allá de la ciudadanía primaria característica de la política partidaria.

Schmitter lleva esta idea un paso más allá: intenta desarrollar sus aspectos operativos para presentarla como parte de un proyecto más ambicioso de reforma política. Específicamente, propone institucionalizar ese circuito y otorgar financiamiento público a los actores que operan en él. Parte de una constatación elemental, a saber, que el pensamiento democrático tradicional considera a los ciudadanos individuales como los únicos actores relevantes, mientras que en la sociedad moderna los grupos de interés juegan un papel político cada vez más prominente. Además, dice, la concepción liberal de la democracia se basa primordialmente en la competencia electoral entre partidos políticos, los grupos de interés plantean formas de deliberación, negociación e identificación simbólica al margen de la representación electoral. Tal es el caso de los esquemas corporativos y de las organizaciones sociales mencionado anteriormente. Con todo, los grupos de interés no pueden ser tratados de la misma manera que los individuos pues tienen mayor poder que éstos, son de carácter permanente y no son sujetos morales. Y, aunque exigen los mismos derechos que los partidos políticos y se ven a sí mismos como exponentes de formas democráticas más radicales, no se puede dar por sentado que todos ellos sean primafacie democráticos. Si el objetivo es fortalecer la democracia aceptando la existencia de estos grupos, agrega, entonces se debe regular su funcionamiento. Un modo de hacerlo es ofreciéndoles financiamiento a cambio de regulación.

Su propuesta consiste en asignar un estatuto semi-público a los grupos de interés, financiarlos a través de contribuciones obligatorias y dejar que los propios ciudadanos —en vez del Estado— se encarguen de asignar los fondos a las distintas asociaciones. El financiamiento provendría de un impuesto especial cobrado a cada contribuyente. Schmitter calcula que si se implementara su propuesta en los Estados Unidos y se establece un monto único de 25 dólares por contribuyente, habría un total de casi 2.500 millones de dólares disponible para los grupos que se mueven en el circuito secundario. El financiamiento estaría limitado a organizaciones que cumplen ciertos requisitos, como la inclusión de todos aquellos cuyas orientaciones caigan dentro del campo de la asociación, la elección democrática de sus dirigentes, la exclusión del sexismo y del racismo, la transparencia en el manejo de sus finanzas o dedicarse a actividades sin fines de lucro. Las organizaciones que califican serían consideradas como instituciones ‘cívicas’ o ‘semipúblicas’ e incluidas en el formulario de declaración de impuestos. Cada contribuyente tendría ‘pagarés’ por el monto de su impuesto y los distribuiría de acuerdo con sus preferencias. Los cupones serían el equivalente de los ‘votos’ en el ámbito de la ciudadanía primaria. Este proceso generaría un circuito político paralelo en el que los posibles beneficiarios competirían por los cupones-votos. Schmitter sostiene que el circuito de la ‘ciudadanía secundaria’ no reemplaza sino que opera como suplemento de las instituciones políticas liberales. Lo ve como una opción democrática posliberal en el contexto de la sociedad moderna, donde la ubicuidad de los intereses privados difícilmente permite hablar del ‘interés general’. Agreguemos de pasada que esta opción, en la medida en que genera un espacio adicional para el intercambio político, puede contribuir a contrarrestar la deslegitimación de la política partidaria debido a la corrupción de las elites o a su alejamiento de las demandas sociales.

La viabilidad de esta propuesta —al menos en su forma actual— parece estar circunscrita a países relativamente prósperos, o al menos a aquellos países con una masa razonablemente elevada de contribuyentes y mecanismos de control fiscal eficientes. Pero no es tan hipotética como parece. En algunos países ya existen experiencias similares, aunque menos ambiciosas. Tal es el caso de España, donde hace algunos años el Gobierno incluyó una sección conocida popularmente como ‘el 0.5’ en el formulario de declaración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El contribuyente puede decidir si el 0.52% de sus impuestos se destinará a la Iglesia católica o a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Relaciones Exteriores —quienes a su vez lo canalizan mediante un concurso público a proyectos presentados y ejecutados por agrupaciones sin fines de lucro—. Aunque el contribuyente sólo puede optar entre estos dos beneficiarios, ‘el 0.5’ demuestra la viabilidad operativa de la propuesta de Schmitter. Trátese de un impuesto pequeño, voluntario u obligatorio, o de un esquema como el que se ha puesto en marcha en España, el financiamiento público de organizaciones sociales permite dar continuidad a los proyectos de organismos de derechos humanos, de igualdad de género, de ayudas al desarrollo, de trabajo con migrantes, etc. Además, es un instrumento que incita a las organizaciones beneficiarias a adoptar mecanismos democráticos y a someterse a escrutinio público a cambio de dicho financiamiento.

Tal vez lo más interesante de esta experiencia española es que se trata de una experiencia que ilustra una posibilidad democrática muy distinta de la ciudadanía primaria de la esfera liberal. La categoría básica no es el ciudadano elector, sino el contribuyente; la participación política no se refiere al proceso de constitución de autoridades territoriales, sino al proceso de asignación del presupuesto estatal; la competencia entre los posibles beneficiarios no es entre partidos políticos, sino entre organizaciones que compiten por el financiamiento proveniente del 0.52%; los contendientes no son beneficiados con cargos públicos, sino con fondos; y, por último, tal como en las pugnas electorales hay incertidumbre acerca de los resultados, también la hay en la competencia entre las instituciones: no se sabe de antemano qué porcentaje del IRPF irá a uno u otro de los ‘candidatos’ de esta contienda por fondos públicos.

La tentación de oponer sociedad y Estado

En fin, todo esto apunta hacia la conformación de un segundo circuito político distinto pero no por ello separado por completo del espacio de la representación territorial o circuito primario de la política. La política comienza a parecerse cada vez más a un archipiélago de circuitos, uno que aquí hemos denominado ‘post-liberal’ porque excede los parámetros de la política tal y como fue pensada por el liberalismo democrático clásico. Aquí hemos puesto el énfasis en el segundo circuito, el espacio político de las asociaciones, pero el archipiélago cuenta también con un tercer ámbito que excede el alcance de esta investigación. Se trata del circuito o ámbito de intercambios políticos supranacionales. Este circuito también implica un desafío para el modelo liberal democrático clásico. Si la activación de la sociedad civil cuestiona el confinamiento de la política en la esfera de la representación, los intercambios supranacionales disputan el encasillamiento de la política en el espacio físico del Estado-nación, vale decir, cuestionan la reducción de lo externo a mera política exterior o relaciones internacionales.

Con todo, este escenario emergente de circuitos políticos, o, si se considera que aún es prematuro hablar de circuitos, al menos la gama de espacios, identidades y formatos de intercambio político no partidista, tiene sus problemas. Al igual que Schmitter, hemos descrito la relación entre ciudadanía primaria y secundaria como una de suplementariedad, lo cual en principio sugiere que no habría una superposición significativa —y por consiguiente, tampoco una rivalidad potencial— entre el ámbito de las instituciones políticas liberales y el segundo circuito de la política. Con ello habría que suponer que en el escenario del archipiélago sólo cabe hablar de cohabitación entre partidos y movimientos, o entre los distintos espacios políticos. Sin embargo, la relación entre ellos también puede ser construida de otra manera. Por ejemplo, la opción por un formato de intervención política en vez de otro puede ser resultado de la inexperiencia de los participantes, de sus prejuicios o de consideraciones ideológicas antes que pragmáticas. Algunos partidos siguen viendo a movimientos y asociaciones como rivales en el mercado político, y a veces el prejuicio anti político de activistas sociales (más precisamente, un prejuicio anti partido o anti Estado) deriva de una opción explícita por la sociedad.

El trabajo de Clastres acerca de las sociedades sin Estado de los Tupí Guaraní en Bolivia, Brasil y Paraguay brinda una suerte de inspiración intelectual a esta postura (Clastres 1977: 19-37 y 159-186). Las observaciones de Clastres apuntan a una dicotomía moral entre el ‘Estado malo’ y la sociedad entendida como una suerte de ‘buen salvaje’. Esta contraposición no es nueva. Como señala Rancière, ‘la gran ilusión metapolítica de la modernidad es precisamente este antagonismo entre una sociedad modesta y un Estado inmodesto, un antagonismo con cuyos términos los liberales y los socialistas nunca dejaron de comulgar’ (Rancière 1995: 106). Más aún hoy, pues si la política no se limita al ámbito de demandas, agentes o instituciones estatales, ¿por qué no desplazar la acción al terreno más amplio y deseable de la sociedad civil? Efectivamente hay ocasiones en que el privilegio de la sociedad civil puede ser políticamente productivo para la causa democrática. Ante dictaduras militares o regímenes autoritarios que cancelan o reducen el ámbito de la representación a un formalismo vacío, la lógica de la resistencia e intervención política tiende a plantearse en términos de la sociedad contra el Estado, o cuando menos a pesar de éste. Pero en general el razonamiento de ‘la sociedad contra el Estado’ y de ‘los movimientos contra los partidos políticos’ pone de manifiesto un optimismo desmedido acerca del posible impacto político de las organizaciones sociales.

Esta imagen de la sociedad como reserva moral de la democracia refleja también un desencanto con la política y los políticos profesionales, especialmente por la falta de control social sobre la acción partidaria. El estudio clásico de Michels demostró que la lógica interna de los partidos, como instrumentos de organizaciones de masa, distorsiona el principio de representación. Los partidos, dice Michels, no son meros representantes de intereses preexistentes. Al contrario, organizan y canalizan esos intereses, y a la vez introducen su propia agenda e intereses políticos. Los movimientos sociales frecuentemente critican a los partidos por esto. Sin embargo, esto refleja una creencia bastante cuestionable, a saber, que las organizaciones intermedias son meras expresiones de intereses autónomos, y que de alguna manera evitan el problema de la distorsión de la voluntad popular que aqueja a la representación partidaria. En otras palabras, algunas propuestas exageran los posibles efectos democráticos de las asociaciones. No hay que sobreestimar la capacidad de cooperación de las asociaciones; tampoco hay que minimizar la fragmentación y los posibles conflictos dentro de la sociedad civil o asumir que los ciudadanos realmente quieren participar regularmente en política. Schmitter toca esto último en su capítulo. Por su parte, Streeck duda si las asociaciones participarían voluntariamente en la política democrática si ello les impusiera obligaciones, y menciona como ejemplo el caso de regiones prósperas que se resisten a apoyar las políticas redistributivas para subsidiar a regiones menos desarrolladas, los barrios acomodados que se niegan a pagar por obras de equipamiento colectivo para zonas populares, o los ciudadanos que no quieren que el dinero de sus impuestos se use para solventar servicios públicos para trabajadores migratorios (Streeck 1992: 518-519).

Por eso no es cosa de privilegiar el movimientismo en detrimento de la lógica político-partidaria, ni la democracia directa sobre la democracia representativa, ni los esquemas corporativos a expensas de la representación territorial. Hablar de ir más allá de la esfera clásica de la política liberal no implica pedir “más sociedad y menos política”. Más bien significa que se debe pensar la política sin reducirla a sus encierros institucionales en el Estado, los partidos o el sistema electoral. Un enfoque más maduro debería reconocer que la acción colectiva no se enfrenta con una opción simple del tipo “o lo uno o lo otro”. Las transiciones a la democracia ilustran la importancia variable de las distintas arenas políticas. En el momento de la apertura de los regímenes autoritarios —lo que Schmitter y O’Donnell (1988) denominan ‘liberalización’— los movimientos sociales son el detonante de la transición a través de la resurrección de la sociedad civil, mientras que los partidos políticos asumen un papel preponderante en el momento de diseñar la institucionalidad del nuevo régimen. En épocas más ‘normales’, las organizaciones sociales pueden competir por el financiamiento público en el segundo circuito descrito por Offe y Schmitter, pero la legislación y las políticas públicas requieren algún tipo de intervención en el terreno más ‘convencional’ de la política de los partidos y del Estado. Organizaciones en el movimiento de mujeres han luchado por la igualdad de género dentro de partidos políticos, especialmente para obtener una cuota mínima de participación de mujeres en la lista de candidatos a cargos electivos de esos partidos. De manera análoga, los movimientos sociales generalmente luchan por la creación de programas, legislación, agencias y ministerios especiales abocadas a temas de género, medio ambiente, juventud, etc.

En suma, no se trata de asociaciones buenas y partidos corruptos, de democracia directa versus democracia representativa, de la sociedad contra el Estado, o del liberalismo contra el socialismo, sino más bien pensar cómo se podría potenciar el espacio de las asociaciones para reforzar y modificar la práctica democrática.

La estructura del volumen

El debate en torno al post-liberalismo es relativamente reciente y sólo surge en torno a la polémica acerca del final de la historia que tuvo lugar a comienzos de la década de los noventas. Los trabajos reunidos en este volumen —unos de manera implícita, otros de manera más directa— se inspiran en este debate sin apelar a un lenguaje maniqueo en el tratamiento de las asociaciones, los partidos y la temática post-liberal.

Hemos desarrollado estos temas en tres partes. La primera parte del volumen trata de posicionar el debate en torno a la sociedad civil y el tercer sector y distinguir a ambos. Roitter rastrea el origen de la noción de Tercer Sector en la literatura de las ciencias sociales, particularmente en los Estados Unidos, que es donde apareció originalmente, y revisa cómo se fue adaptando el concepto en el debate Latinoamericano. Hace una revisión crítica de la literatura en acerca del tercer sector y toma una distancia crítica con aquellos que tienden a establecer una relación de equivalencia semántica entre sociedad civil y tercer sector. El trabajo de Chávez sigue esta misma línea, pero pone menos énfasis en la génesis del tercer sector que en la distinción entre dicho ‘sector’ y el concepto de sociedad civil tal y como es utilizado actualmente. Su trabajo parte de la constatación —ya habitual en las ciencias sociales— de la explosión del asociacionismo global en las últimas décadas y que ello ha transformado nuestro imaginario político. Busca establecer qué papel ha jugado el debate en torno a la sociedad civil y al tercer sector en la formación de un segundo circuito de la política y en el fortalecimiento y mejoramiento de la democracia.

Puga también toma como punto de partida el reconocimiento de la importancia de las asociaciones como expresión organizada de acción colectiva, asociada con el funcionamiento de la democracia y la expresión de intereses de todo tipo. La primera parte de su capítulo repasa diversas aproximaciones a su estudio, establece la diferencia de las asociaciones respecto de los movimientos sociales y reflexiona sobre el nuevo papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Asimismo, analiza algunos aspectos del funcionamiento interno de las asociaciones y de la relación de las organizaciones con el entorno. En la segunda parte despliega este análisis para aplicarlo a las asociaciones mexicanas. Las ve como un universo complejo que incluye no solamente al extenso sector de las asociaciones voluntarias, sino también a las asociaciones políticas y a las religiosas reconocidas jurídicamente, así como al amplio conjunto de asociaciones políticas y gremiales que, al menos en parte, están o estuvieron vinculadas a la estructura corporativa que fue uno de los soportes del sistema político mexicano hasta muy recientemente.

El capítulo de Luna desplaza la reflexión al terreno de las redes. Desde distintos enfoques se ha sugerido que las redes constituyen la forma o, al menos, una modalidad de estructuración importante de las sociedades contemporáneas. En particular, bajo la noción de gobernanza (governance), se ha reconocido un modelo de la política institucionalmente disperso, policéntrico y diferenciado, cuyo mecanismo de coordinación por excelencia son las redes, las cuales configuran un sistema de interacciones entre distintos tipos de instituciones y actores, entre diferentes escenarios políticos y entre gobiernos nacionales autónomos, y en donde de manera significativa participan las organizaciones de la sociedad civil. Este capítulo explora las implicaciones que las redes que operan en la esfera pública tienen con relación a la representación funcional, y con respecto a otras formas más tradicionales o clásicas de la política como la representación democrática. La pregunta principal es si la participación de las asociaciones a través de redes de acción pública nos permite hablar de un nuevo circuito de la ciudadanía, donde impera una lógica de la participación vía el reconocimiento de actores colectivos, más que la participación mediante la representación territorial o funcional.

La segunda parte del libro analiza, por un lado, la idea del segundo circuito de la política y, por el otro, retoma la propuesta de Schmitter y la contrasta con la experiencia española de financiamiento público a proyectos de organizaciones sin fines de lucro a través del denominado ‘0.5’, esto es, el fondo generado por el 0.52% del IRPF que los contribuyentes pueden asignar a la Iglesia católica o a otros fines sociales.

Así, el capítulo de Vite evalúa las tesis de Offe y Schmitter respecto a la ciudadanía secundaria y a la formación de un segundo circuito de la política. Martín también retoma a Offe y a Schmitter, pero su objetivo central es analizar el papel que podrían jugar las asociaciones civiles en la construcción de una democracia que supere el privilegio ontológico y normativo dado al individuo liberal y su institucionalización en formas de representación territorial. La existencia de las asociaciones de todo tipo (grupos de interés, sindicatos, fundaciones, comunidades vecinales, etc.) es un hecho reconocido y reivindicado por la teoría democrática pluralista desde hace bastante tiempo, incluso estaría en los argumentos de James Madison. Sin embargo, esa argumentación no ha sido capaz de discutir si es o no necesaria la regulación democrática de las mismas asociaciones, dejando el asunto en manos de la evolución social. Schmitter ha tratado de discutir esa necesitad de regulación democrática de las asociaciones como un desarrollo deseable de la democracia existente llegando, incluso, a proponer algunos lineamientos normativos para la misma. Martín analiza la viabilidad de la propuesta de Schmitter de una “democracia corporativa” sobre el trasfondo normativo del régimen político español. Con ello, nos presenta un mapa de cómo está el mundo asociativo en España y de su lugar en el funcionamiento de la democracia, concluyendo que sí sería factible el mayor protagonismo que Schmitter quiere dar a las asociaciones civiles, aunque también señala algunos riesgos de dispersión de la responsabilidad política y del protagonismo que las mayorías políticas deben tener en la conducción del gobierno democrático. Concluye, aún sin decirlo explícitamente, que la nueva capa democrática protagonizada por las asociaciones y la ciudadanía post-liberal (asociativa, categorial, etc.) debería acoplarse, como su extensión, al sistema democrático liberal basado en el privilegio del ciudadano individual-universal y la legitimidad de las mayorías electorales.

La tercera y última parte contiene dos propuestas teóricas que pretenden dar un marco conceptual para evaluar el impacto que tiene un segundo circuito de la política sobre la visión liberal democrática de la política. Arditi propone la imagen del archipiélago de circuitos políticos para pensar un escenario post-liberal de la política, esto es, como un escenario que no se agota en la representación territorial y la dinámica electoral, pero que tampoco niega el formato electoral y partidista de la política. Antes bien, el segundo circuito de la política asociativa y el tercero de la política supranacional devienen suplementos del circuito electoral, con lo cual no se minimiza la práctica político-partidista pero sí se cuestiona un supuesto final de la historia política en clave liberal. Esto tiene dos efectos. Uno de ellos es que a medida en que la política coloniza nuevos ámbitos más allá de lo electoral y partidista, la cartografía que heredamos del liberalismo democrático experimenta una suerte de descentramiento copernicano que nos arroja dentro de un escenario que puede ser descrito como un archipiélago compuesto por una serie de ámbitos o circuitos políticos. El otro efecto es que este descentramiento anuncia el devenir-otro de la política, la condición post-liberal de nuestra actualidad política.

El escrito de Schmitter, en cambio, hace un inventario de las fortalezas y debilidades de la democracia liberal y menciona las tensiones presentes en dicho modelo. Luego explora distintos mecanismos que pueden servir para modificar el ámbito estrictamente político-electoral —el núcleo central de la propuesta liberal de la política democrática— de manera tal de generar un escenario democrático post-liberal. A diferencia de Arditi, no propone una imagen de pensamiento de la política post-liberal sino más bien reformas puntuales que pueden dar origen a una democracia post-liberal. Algunas de sus propuestas son provocadoras, como por ejemplo, la implementación del voto electrónico por Internet, sea desde la casa o en kioscos callejeros, pagar a los electores para que vayan a votar, o universalizar el sufragio de manera absoluta mediante la consagración del derecho a voto de los recién nacidos.

Referencias

Clastres, Pierre (1977), Society Against the State, Nueva York: Urizen.

O’Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (1988), Transiciones desde un gobierno autoritario, Vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires: Paidós.

Rancière, Jacques (1995), On the Shores of Politics, Londres: Verso.

Streeck, Wolfgang (1992), ‘Inclusion and Secession: Questions on the Boundaries of Associative Democracy’, Politics and Society, Vol. 20, No. 4, pp. 513-518.